Plan Verde
Plan Verde | ||
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Parte de conflicto interno del Perú | ||
![]() Parte del anexo titulado «Hoja de coordinación final» redactado tras la elección de Alberto Fujimori. | ||
Tipo | operación militar | |
Localización | Perú | |
Planeado por | Fuerzas Armadas del Perú | |
Objetivo |
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Fecha | Octubre de 1989-22 de noviembre de 2000 | |
Resultado |
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Víctimas | Al menos 300.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas. | |
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El Plan Verde (también conocido como El cuaderno verde[1] y Plan para un Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1989[2]) fue una operación militar clandestina concebida por las Fuerzas Armadas del Perú durante el conflicto armado interno del país. Esta operación pretendía establecer una economía neoliberal controlada por una junta militar e implicaba un importante control o censura de los medios de comunicación de la nación.[3][4][5] Inicialmente redactado en octubre de 1989, el plan pretendía organizar un golpe de Estado para derrocar al presidente Alan García,[6] pero se llevó a la práctica tras la victoria de Alberto Fujimori en las elecciones generales peruanas de 1990 y su posterior autogolpe en 1992.[7][8][9][10]
Los principales objetivos del Plan Verde incluían el establecimiento de un modelo económico neoliberal, el control de los medios de comunicación y el exterminio de poblaciones vulnerables consideradas «cargas innecesarias» por los planificadores.[11] Este plan dio lugar a graves violaciones de los derechos humanos, incluida la esterilización forzosa de al menos 300 000 peruanos por el Programa Nacional de Población.
El Plan Verde se filtró al público después del autogolpe, y la revista Oiga fue una de las primeras en informar sobre él.[12][4] La existencia del plan y sus implicaciones fueron importantes desde el punto de vista político y económico en Perú durante la década de 1990. Las políticas neoliberales aplicadas como parte del plan se incorporaron a la Constitución de 1993.[13]
Antecedentes
Bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta.[14] La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.[15] Bajo el gobierno de García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.[3]
Planificación
Las fuerzas armadas peruanas se sintieron frustradas por la incapacidad del gobierno de García para hacer frente a las crisis del país. Estas comenzaron a elaborar un plan para derrocarlo.[3][16] Las élites empresariales peruanas mantenían relaciones con los planificadores militares; las empresas aportaron las ideas económicas con las que coincidieron los militares, abogando por una agenda económica neoliberal unida al establecimiento de un régimen autoritario para imponer el orden.[17] El Plan Verde constaba de tres tomos de documentos elaborados por un influyente sector de las fuerzas armadas peruanas. Cada tomo se actualizaba en función de las condiciones que se vivían en el Perú en ese momento.[18]
Tomos
Tomo i. «Impulsar al Perú al siglo XXI»
Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.[18] En octubre de 1989, un grupo de las fuerzas armadas ultimó los planes para derrocar al gobierno de García con un plan titulado «Impulsar al Perú al siglo XXI».[4][12][18] Este tomo consta de ocho capítulos y cuatro anexos.[18]
Las metas eran establecer Perú como un país desarrollado hasta principios del siglo XXI mediante el establecimiento de una economía neoliberal con políticas similares a las de Chile o las propuestas por Mario Vargas Llosa.[18] Este tomo también detalla que los militares planeaban esterilizar a los ciudadanos empobrecidos. El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis».[18]
En este tomo los militares informaron de que «es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados», describiendo a estos grupos como «cargas innecesarias» y que «dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos [...] sólo queda el exterminio total».[18]
Los planificadores describieron el exterminio de peruanos vulnerables como «como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del [E]stado».[18]
Tomo ii. «Apreciación de Inteligencia»
El tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete anexos.[18] Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.[18] Estos objetivos incluían lugares que debían capturarse y objetivos que debían matarse, con una lista de políticos y sindicalistas.[18] Los anexos se documentaron un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990, otra después de tres días de la segunda vuelta de las elecciones el 10 de junio y un último anexo titulado «Hoja de coordinación final» se creó el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Alberto Fujimori.[18]
Este tomo y sus anexos introdujeron modificaciones, pasando de la disolución de los poderes ejecutivo y legislativo a la disolución exclusiva del Congreso.[18]
Tomo iii. «El Consejo Estratégico de Estado»
El tomo iii y último, titulado «El Consejo Estratégico de Estado», proporciona el papel de las entidades gobernantes en el plan y una serie de preguntas y respuestas.[18] Se detalla un plan para establecer un «gobierno cívico-militar»; los presidentes y ministros nombrados por militares que «pueden ser cambiados o ser víctimas de atentados» fueron designados para ser «choferes» para operar el Estado, descrito como un «vehículo».[5] Mientras tanto, un gobierno «en la sombra» sería operado por los militares «alejados de la línea de mira del enemigo» para mantener la continuidad del gobierno.[5]
Objetivos
En resumen, algunos de los principales objetivos del Plan Verde eran los siguientes:[12][18][19]
- El establecimiento de una nación neoliberal dirigida por las fuerzas armadas similar a Chile;
- mayor prevención del narcotráfico para apaciguar al gobierno de Estados Unidos;
- control de los medios de comunicación en Perú a través de un Sistema de Control, Seguridad y Propaganda que debía ser «el equivalente a una Gestapo», proyectando una atmósfera de autocensura en Perú;
- limitar el crecimiento demográfico mediante la esterilización y el «exterminio total» de los peruanos empobrecidos.
Implementación
La idea habría sido establecer un régimen que aplicara, básicamente, los lineamientos contenidos en el Plan, pero manteniendo a Fujimori en la presidencia y una apariencia de gobierno democrático y civil. La ventaja —para los golpistas— era que eso evitaba los conflictos internos y externos derivados de establecer un gobierno de las FFAA. [sic] La desventaja era que no les permitía llevar adelante con comodidad todas sus propuestas.(Fernando Rospigliosi).[18]
La propuesta de golpe incluida en el Plan Verde se enfrentó a la oposición de Anthony C. E. Quainton, embajador de Estados Unidos en Perú. Los planificadores militares también abandonaron el golpe, anticipándose a la elección del candidato neoliberal Mario Vargas Llosa en las elecciones generales de Perú de 1990.[17][18] El presidente García detectó y disuadió a algunos elementos golpistas. Durante su campaña de 1990, Alberto Fujimori se opuso a las políticas neoliberales de Vargas Llosa. Vargas Llosa afirmó posteriormente que el embajador Quainton confirmó la autenticidad de unos supuestos documentos filtrados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que indicaban el apoyo a la candidatura de Fujimori.[17][18][20]
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Mario_Vargas_Llosa_%28crop_2%29.jpg/137px-Mario_Vargas_Llosa_%28crop_2%29.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Al_Fujimori.jpg/147px-Al_Fujimori.jpg)
El investigador Silvio Rendón sugiere que Estados Unidos apoyó a Fujimori debido a su asociación con Vladimiro Montesinos, ex oficial de inteligencia peruano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) acusado de espiar para la CIA. Rendón afirma que, mientras que la democracia liberal de Vargas Llosa se consideraba polarizadora, el autoritarismo de Fujimori estaba más alineado con los intereses estadounidenses en la región.[21]
El analista político peruano Fernando Rospigliosi señala que, aunque Montesinos no participó inicialmente en el Plan Verde, su capacidad para resolver cuestiones militares le llevó a participar en la aplicación del plan con Fujimori.[18] La revista peruana Oiga informó de que, tras las elecciones, las fuerzas armadas no estaban seguras del compromiso de Fujimori con sus objetivos.[18][12] El 18 de junio de 1990, ultimaron los planes para dar un golpe de Estado el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Fujimori.[12] Un escenario implicaba negociar con Fujimori para que aceptara el plan de los militares, haciendo hincapié en la democracia dirigida y la economía de mercado.[12]
El criminólogo político Alfredo Schulte-Bockholt atribuye la coordinación entre los militares y Fujimori al general Nicolás de Bari Hermoza y a Montesinos.[16] Rospigliosi añade que el general Edwin «Cucharita» Díaz, junto con Montesinos, jugaron un papel crucial para que Fujimori accediera a las exigencias militares.[22] Ellos habrían convencido a Fujimori de la amenaza del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, lo que lo llevó a restringir sus contactos con los militares del Círculo Militar. Se estableció así un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y ciertos oficiales militares antes de la toma de posesión de Fujimori.[18]
Montesinos y oficiales del SIN asumieron posteriormente la posición de las fuerzas armadas en el Plan Verde, colocando a operativos del SIN en puestos de liderazgo militar.[23] Tras asumir el poder, Fujimori abandonó la plataforma económica de su campaña, adoptando políticas neoliberales más agresivas que las de su competidor.[24] En última instancia, aplicó muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde.[16][17]Con la conformidad de Fujimori, se desarrollaron planes golpistas durante dos años, que culminaron en el autogolpe de 1992.[25][16][12] Éste estableció un régimen cívico-militar e inició los objetivos del Plan Verde, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[4][13]
Economía
Esta sociedad se está colapsando, sin duda [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político. —Hernando de Soto |
Hernando de Soto, fundador del Instituto Libertad y Democracia (ILD), una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina, obtuvo un importante apoyo de la administración de Ronald Reagan. El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia proporcionó financiación y recursos educativos para las campañas publicitarias del ILD.[26][27][28] Entre 1988 y 1995, De Soto y el ILD fueron los principales responsables de la puesta en marcha de aproximadamente cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que condujeron a cambios significativos en el sistema económico de Perú.[29][30]
En el gobierno del presidente Fujimori, De Soto actuó como «representante personal» de aquel. En 1990, The New York Times le describió como un «promotor en el extranjero» de Fujimori, que representaba al gobierno en reuniones con acreedores y representantes estadounidenses.[29] Algunos se referían a De Soto como el «presidente informal» de Fujimori. Su influencia en Fujimori se hizo notar, ya que Fujimori empezó a adoptar la defensa que hacía De Soto de la desregulación de la economía peruana.[26]
El 29 de septiembre de 1990, el gobierno de Fujimori recibió una subvención de 715 millones de dólares de USAID para el Proyecto de Análisis, Planificación y Ejecución de la Política Económica (PAPI), diseñado para apoyar la reforma de la política económica en Perú.[31] La financiación del PAPI se destinó principalmente a estudios, formación y divulgación por parte del gobierno de Fujimori.[32]
De Soto recomendó un enfoque de «choque» para la economía peruana y convenció a Fujimori para que viajara a Nueva York. Allí, en una reunión organizada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entonces secretario general de las Naciones Unidas, se reunieron con dirigentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones financieras convencieron a Fujimori para que se adhiriera a sus directrices de política económica, que incluían una subida de impuestos del 300 %, la desregulación de los precios y la privatización de 250 entidades estatales.[26][33]
Estas políticas provocaron dificultades inmediatas a los peruanos pobres, que vieron cómo los precios subían rápidamente, haciendo inasequibles las necesidades básicas.[26] El New York Times informó de que De Soto abogaba por el colapso de la sociedad peruana, sugiriendo que era necesaria una crisis civil para aplicar las políticas de Fujimori.[34]
Con el apoyo de USAID, el Instituto Apoyo y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) propusieron un nuevo modelo económico que se incorporaría a la Constitución de Perú de 1993.[13] Tras la conclusión del PAPI en 1997, USAID señaló que el PAPI había ayudado en la preparación de textos legislativos y contribuido a la aparición de un papel consultivo del sector privado en la economía peruana.[13][31]
Las políticas promovidas por De Soto y aplicadas por Fujimori se tradujeron en estabilidad macroeconómica y reducción de la inflación. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la tasa de pobreza de Perú se mantuvo prácticamente inalterada, con más de la mitad de la población viviendo en la pobreza en 1998.[26][35][36]
Control de los medios de comunicación
Tras el golpe de 1992, los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión peruanos fueron ocupados por los militares a partir de las 22:30 h del 5 de abril.[1][37][38] Permanecieron durante cuarenta horas, hasta el 7 de abril, limitando la respuesta inicial de los medios de comunicación nacionales.[39] Sólo el gobierno de Fujimori pudo comunicarse con el público durante ese periodo. Todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tuvieron un contenido similar; el gobierno de Fujimori ordenó que todas las publicaciones no incluyesen la palabra «golpe».[21][39] Según Manuel D'Ornellas de Expreso en 1994, la supervisión militar de los medios fue sólo momentánea debido a la condena internacional que recibió Fujimori.[39]
Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno pagó a los medios de comunicación por su cobertura positiva y para que le ayudaran a mantener la presidencia. En 1994, Fujimori instituyó una política de exenciones fiscales para las organizaciones de medios de comunicación que permitían la publicidad gubernamental en sus plataformas, con lo que Fujimori recibió una mayor promoción. Con el tiempo, se hicieron públicos unos vídeos secretos en los que Montesinos pagaba a directivos de medios de comunicación, mostrando cómo el asesor más cercano a Fujimori les entregaba fajos de billetes a cambio de apoyo y del despido de periodistas críticos. Se hicieron pagos y promesas de indulgencia legal a múltiples tabloides de prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, América Televisión y Panamericana Televisión.
Esterilización forzosa
La esterilización ocurrida bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ha sido ampliamente descrita como análoga a la limpieza étnica o al genocidio.[40][41][42][43] Académicos como Michele Back y Virginia Zavala lo han descrito como limpieza étnica, haciendo hincapié en su enfoque en las mujeres indígenas y rurales.[40]
Jocelyn E. Getgen, de la Universidad Cornell, sostiene que la naturaleza sistémica de estas esterilizaciones, combinada con la intención genocida de los creadores del Plan Verde y de los funcionarios, constituye genocidio.[44] La organización sin ánimo de lucro Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica calificó el hecho como un genocidio sin precedentes desde la época de la colonización peruana.[45]
Una de las consecuencias de esta política fue la aparición de una generación más envejecida en las regiones que se vieron más afectadas por estas medidas. Dado que esta generación fue incapaz de proporcionar un impulso económico crítico en estas viviendas rurales, las zonas sufrieron un mayor empobrecimiento. Estas consecuencias imprevistas de la política acabaron por agravar los problemas socioeconómicos de unas regiones ya de por sí en dificultades.[42][43]
- Según las investigaciones de la subcomisión del Congreso de Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori.[46] La investigación descubrió que a medida que aumentaba la financiación de USAID para el programa, se realizaban más esterilizaciones, concluyendo la junta investigadora que la «correlación tiene carácter causal, ya que existe información hecha pública recientemente, que ha revelado la estrategia global definida para el último cuarto del siglo pasado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener una disminución de la tasa de natalidad».
La subcomisión citó el National Security Study Memorandum 200 y la indicación de Henry Kissinger de disminuir el crecimiento demográfico en los países en desarrollo para mantener la estabilidad de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.[47] En documentos facilitados por la Freedom of Information Act, los investigadores citaron a Elizabeth Liagin, quien informó de que entre 1993 y 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 los EE. UU. básicamente tomaron cargo del sistema nacional de salud del Perú» durante el periodo de esterilizaciones forzadas, concluyendo que era «virtualmente inconcebible que los abusos de esterilización pudieran haber ocurrido del modo sistemático que ha sido documentado sin el conocimiento de los administradores locales de USAID y sus contrapartes en Washington».[46][47]
En 1998, a raíz de las investigaciones del Population Research Institute (PRI) sobre las esterilizaciones en Perú, el congresista estadounidense Todd Tiahrt promulgó en octubre de ese año la «enmienda Tiahrt», que, además de otros aspectos, garantiza que no se utilicen fondos públicos en relación con esterilizaciones forzosas en países extranjeros.[48]
Las esterilizaciones continuaron hasta que el presidente Fujimori huyó a Japón en 2000.[49] Tras la retirada de USAID, Fujimori se puso en contacto con la Fundación Nippon —cuyos directores acogieron a Fujimori cuando fue a Japón— para solicitar ayuda con los programas de esterilización.[47] La política de esterilización provocó un cambio generacional que dejó una generación de edad avanzada incapaz de proporcionar estímulo económico a las zonas rurales, empobreciendo aún más esas regiones.[49]
Véase también
- Solución final
- Censura en Perú
- Esterilización forzada en Estados Unidos (véase en inglés)
- Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori
- Cruzadas contra el vicio
- Campaña de la lista negra
- Genocidio de pueblos indígenas
Referencias
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A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciriá consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos.
- ↑
... un plan gubernamental elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, más tarde conocido como el «Plan Verde», cuyo texto (inédito) expresa en términos explícitos una intención genocida.
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Este artículo sostiene que estas injusticias reproductivas sistemáticas constituyen un acto de genocidio; [...] los individuos responsables de orquestar las esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas quechuas probablemente actuaron con la mens rea necesaria para cometer genocidio, ya que sabían, o debían haber sabido, que estas esterilizaciones forzadas destruirían, total o parcialmente, al pueblo quechua. Una evidencia de alto valor probatorio con la que se podría inferir la intención de cometer genocidio incluye la focalización específica del Programa de Planificación Familiar en las mujeres indígenas pobres y la naturaleza sistemática de su sistema de cuotas, articulado en el Plan para un Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1989, o «Plan Verde» [...]. El Plan continúa argumentando que, [...] las áreas seleccionadas poseían un «carácter incorregible» y carecían de recursos, lo que lo único que quedaba era su «exterminio total».
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Enlaces externos
- El plan verde, comentarios de Alberto Adrianzén M.
Datos: Q108147252